Agencia-EFE
La jueza de paz Nelly de Pozas decretó que Antonio Saca, expresidente de la república; César Funes, expresidente de ANDA; Élmer Charlaix, exsecretario privado de la presidencia; Julio Rank, exsecretario de comunicaciones; Pablo Gómez, contador del secretario privado; Francisco Rodríguez, jefe de la Unidad Financiera; y Jorge Herrera, tesorero de presidencia, continuarán detenidos en la División Antinarcóticos de la PNC, durante los próximos seis meses, que dura la fase de instrucción solicitada por la Fiscalía General de la República.
La jueza dijo a las partes que los delitos de agrupaciones ilícitas, peculado y lavado de dinero y activos se configuraban porque, cada imputado tenía una función específica, donde Saca era el jefe, eran funcionarios y empleados públicos; y existen cantidades de dinero que no han sido justificadas.
"No hay comprobantes que el dinero se haya movido a cuentas de secretarías", señaló de Pozas en la lectura de la audiencia.
La juzgadora dijo que los arraigos y comprobantes que la defensa presentó, así como la presentación voluntaria de Élmer Charlaix, no son suficientes, para que ella conceda medidas sustitutivas.
De Pozas dijo a la defensa y a los imputados que no cedía a las medidas, porque las penas que podían imponerse, de pasar a juicio, son "bastante elevadas".
Además, la jueza ordenó que se embarguen todos los bienes muebles e inmuebles que se encuentren a nombre de todos los imputados: "A pesar que la Fiscalía no ha individualizado (los bienes) no es un obstáculo para solicitar el embargo, pero sólo será lo que se encuentre a nombre de ellos", señaló de Pozas.
Foto Wilson Urbina /DEM
Por su parte, la defensa criticó que la resolución de la jueza no tiene fundamento y es ambigua; y apelarán después de que el juzgado notifique este jueves a las dos de la tarde.
“Lo que la jueza ha hecho es un atarrayazo", criticó la defensora Tania Pastor, porque, a su parecer, la jueza tuvo que individualizar responsabilidades y no resolver sobre los delitos, agregó que al hacer eso, la jueza, puso en igual condición a todos los imputados.
El defensor Mauricio Vásquez Portillo señaló que si la Fiscalía no individualizó los inmuebles a los empleados de Capres es porque no les encontró ninguno.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, Jorge Cortez dijo que la resolución de la jueza era una muestra que las instituciones están funcionando, la Fiscalía estaba investigando y el órgano judicial estaba dando los resultados que la población espera.
"Es un caso ejemplo de conocimiento para toda la sociedad, donde nosotros hemos podido demostrar la manera en que éstas personas realizaron la extracción de fondos públicos para cuentas particulares y resolver actividades ajenas a lo que la ley les mandada", dijo Cortez.
Elías Antonio Saca es el primer presidente enviado a detención provisional a las bartolinas de la DAN, inmediatamente después de la resolución de la audiencia inicial.
Los implicados en el caso "Destape a la Corrupción" previo a la resolución de audiencia. DEM
Jueza del caso #DestapeALaCorrupción ordena embargo de bienes y cuentas de todos los imputados. #EnDesarrollo
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 5 de noviembre de 2016